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Lo electrónico en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Ley de Contratos del Sector Público | IECISA

Lo electrónico en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

27/02/2018 / José Estañ Bistuer /Tecnologia documental

El 9 de marzo de 2018 es la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Por medio de esta Ley se transponen al Ordenamiento Jurídico Español -con cierto retraso- dos Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo (2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). Esta Ley apuesta decididamente por la utilización de los medios electrónicos, lo que implica el cumplimiento de una serie de requisitos, tanto por parte de las empresas como de las Administraciones.

Comunicaciones electrónicas


La Ley de Contratos del Sector Público establece la obligatoriedad de utilizar exclusivamente medios electrónicos para las comunicaciones, las notificaciones, la facturación y la presentación de ofertas.

Puede haber excepciones, pero por regla general serán electrónicos:

  • Los pliegos de la contratación.
  • Las solicitudes de participación.
  • Las ofertas.

Las notificaciones de la Administración se recibirán en las empresas por alguna de estas dos vías:

  • Dirección electrónica habilitada.
  • Comparecencia electrónica.

En ningún caso podrá exigirse el uso de una tecnología costosa o especialmente compleja, ya que esta exigencia en la práctica sería una discriminación que perjudicaría a las Pymes.

Obligación de presentación de facturas en un registro administrativo


El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirá la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente.

Esta prevista la creación de un Registro Electrónico Único de Facturas para antes del 30 de junio de 2018.

Facturas presentada por los Subcontratistas


Los subcontratistas deberán utilizar en su relación con el contratista principal la factura electrónica, cuando el importe de la misma supere los 5.000 euros. Deberán presentar las facturas al contratista principal a través del Registro que el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene previsto crear antes del 30 de junio de 2018.

Requisitos específicos relativos a las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de documentos


La Ley establece una relación de puntos que deberán poder acreditar los dispositivos de las Administraciones Públicas destinados a la recepción electrónica de documentos:

  • Hora y fecha exactas de la recepción de las ofertas y otros documentos.
  • Que nadie tenga acceso a los datos y documentos antes de que finalicen los plazos especificados.
  • Que únicamente las personas autorizadas puedan fijar o modificar las fechas de apertura de los datos y documentos recibidos.
  • Que solo las personas autorizadas puedan acceder a la totalidad o a parte de los datos y documentos presentados.
  • Que solo las personas autorizadas puedan dar acceso a los datos y documentos transmitidos, y solo después de la fecha especificada.
  • Que los datos y documentos recibidos y abiertos en aplicación de los presentes requisitos solo sean accesibles a las personas autorizadas a tener conocimiento de los mismos.
  • Que en caso de que se infrinjan o se intenten infringir las prohibiciones o condiciones de acceso pueda garantizarse razonablemente que las infracciones o tentativas sean claramente detectables.

Además de la tramitación electrónica como norma general, la Ley de Contratos del Sector Público, tiene entre sus propósitos lograr una mayor transparencia, incrementar los controles sobre la corrupción y la morosidad y favorecer la contratación con las Pymes. Otro objetivo, que supone una novedad, es la inclusión de una serie de criterios de adjudicación que van más allá de los económicos, como pueden ser  los criterios sociales, laborales, medioambientales e innovadores.

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