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Algunos aspectos destacables de la nueva Ley reguladora de los servicios electrónicos de confianza

Algunos aspectos destacables de la nueva Ley reguladora de los servicios electrónicos de confianza

Algunos aspectos destacables de la nueva Ley reguladora de los servicios electrónicos de confianza

17/11/2020 / José Estañ Bistuer /AdmonDigital2020

El pasado viernes 13 de noviembre entró en vigor la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Esta es la norma que a partir de ahora debemos conocer y entender para desarrollar proyectos en los que la firma electrónica sea una pieza fundamental.


Es un texto relativamente breve (veinte artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales), pero que exige -como todas las normas- una lectura sosegada, contextualizada y con rotulador en mano para subrayar los aspectos más relevantes.

Y entre estos aspectos subrayables hay que destacar de entrada la derogación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Así es, nuestra ley de firma electrónica ya no está entre nosotros, y en su lugar debemos acudir -además de a la Ley que ahora comentamos- al Reglamento eIDAS (Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior). Este Reglamento europeo establece un marco jurídico común para la Unión Europea, y venía manteniendo una convivencia forzada -y a veces algo artificial- con la ya extinta ley 59/2003. Si su ámbito de aplicación es amplio (la UE), también lo es su contenido, consistente en una regulación bastante extensa de los servicios de confianza y los medios de identificación electrónica. Pese a tal extensión, el Reglamento eIDAS no llega a ser exhaustivo y su aplicación debe complementarse ahora con la de la nueva Ley 6/2020.

Otra derogación destacable contenida en la norma comentada es la del artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Este artículo regulaba la intervención de los terceros de confianza en el comercio electrónico y durante muchos años fue la única mención legal a este tipo de servicios. Era el clavo ardiendo al que nos teníamos que agarrar a la hora de justificar la existencia y explicar el papel de los terceros de confianza; era un argumento válido pero escaso en contraste con la abundancia de normativa al respecto de la que hoy disponemos.

Desde el punto de vista de las innovaciones tecnológicas, siempre tan deseables en los textos legales, la Ley 6/2020 prevé la posibilidad de sistemas de identificación telemática para personas físicas solicitantes de un certificado cualificado. Esta posibilidad eliminaría la necesidad actual de que el solicitante deba desplazarse físicamente ante la autoridad de certificación, sustituyendo la comparecencia física por la electrónica mediante sistemas de vídeo-identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física. Es por ahora solo una posibilidad que deberá regularse, pero es también el primer paso para que no muy tarde se haga realidad.

Un amplio contenido de la nueva Ley se dedica a las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios electrónicos de confianza, destacándose las normas relativas a protección de los datos personales y a las obligaciones de seguridad de la información. Parece que estos dos aspectos marcan el signo de los tiempos.

En cuanto a los sistemas de las Administraciones Públicas, la nueva Ley hace una referencia tranquilizadora y expresa a las Leyes 39 y 40 de 2015, afirmando que “Todos los sistemas de identificación, firma y sello electrónico previstos” en estas normas tendrán plenos efectos jurídicos.

Estos son sólo algunos de los puntos contenidos en la nueva Ley de los servicios electrónicos de confianza, cuya publicación ha pasado un tanto desapercibida como suele ocurrir con muchas disposiciones que incluye la palabra “electrónico” en su título. ¿Será que hay cosas mucho más importantes de las que informar?

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